Cultura e impuestos

José M. Domínguez Martínez

1. Introducción

Cuando uno de los editores de esta revista me propuso elaborar un artículo acerca de la cultura y los impuestos, casi como un acto reflejo, recuperé uno de los textos de referencia internacional para el estudio de la economía de la cultura, concretamente la obra colectiva “A Handbook of Cultural Economics”, editada por Ruth Towse (E. Elgar, 2003). Sin embargo, después de repasar sus 61 capítulos temáticos es casi inevitable un cierto sentimiento de frustración, al comprobar que sólo uno de ellos se centra en los aspectos fiscales, aunque de una manera limitada, al abordar exclusivamente (y sin que pueda catalogarse como prodigio de claridad) los incentivos tributarios, dejándonos huérfanos de una perspectiva general de la tributación en el campo de los servicios culturales.

La ausencia comentada no deja de ser sintomática: no parece que estemos ante ámbitos muy afines, pero los tentáculos del sistema impositivo aspiran a apresar, de una u otra manera, todo indicio de actividad económica o de capacidad de pago. ¿Tienen o deben tener algún salvoconducto los habitantes del planeta cultural?

Un estudio sistemático de la relación entre la cultura y la imposición exige diferenciar al menos los siguientes apartados: i) delimitación de ambos conceptos; ii) enfoque normativo: ¿cuál debe ser el tratamiento fiscal del sector cultural?; iii) enfoque positivo: ¿cuál es el tratamiento fiscal de dicho sector?
Se trata, sin duda, de cuestiones de amplio alcance y gran calado, que difícilmente podemos aspirar a solventar, mucho menos dentro de los límites de un artículo como éste, con una finalidad meramente divulgativa y de invitación a la reflexión.

2. Algunas delimitaciones conceptuales necesarias

Si arrancamos con la pretensión de la delimitación conceptual, tampoco puede decirse que el recurso a la autoridad del diccionario académico nos sea muy resolutivo, si tenemos en cuenta que se define la cultura como “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”. A su vez, en la introducción de la mencionada obra, Towse llega a afirmar que “la expresión ‘economía cultural’ es de alguna manera una denominación poco apropiada. Ha llegado a ser usada más por omisión que por comisión, ya que es difícil pensar en otra denominación que cubra fácilmente las artes creativas y de actuación y el patrimonio así como las industrias culturales”. Artes escénicas, museos, patrimonio artístico e industrias culturales (cine, música, publicación, difusión, etc.) suelen ser los ejes de la cultura a efectos de su consideración desde una perspectiva económica. Pero si siempre resulta difícil trazar líneas inequívocas de demarcación, en este caso las dificultades son extremas.

Frente a tales complicaciones, la definición de un impuesto se antoja casi como un juego de niños. Los requisitos para identificar un impuesto están ampliamente aceptados: se trata de un pago que ha de efectuarse coactivamente, por una persona física o jurídica, a una administración pública, sin recibir a cambio ninguna contraprestación, simplemente por haber incurrido en alguno de los supuestos de hecho establecidos por ley.

Ahora bien, esa aparente facilidad conceptual puede llegar a ser a veces un tanto engañosa. De entrada, pese a esa extendida costumbre de utilizar la denominación de tasa (no se sabe si por una posible incorrecta asimilación de la palabra inglesa “tax”, impuesto), una tasa no es un impuesto, ya que, a diferencia de éste, su pago conlleva la recepción de algún servicio prestado por el sector público.

Por otro lado, los requisitos señalados nos sirven para excluir del concepto de impuesto algunos pagos que, aunque sean obligatorios por ley (por ejemplo, el canon digital), no vayan a parar a las arcas públicas. Evidentemente, este tipo de disposiciones pueden ser en la práctica sustitutivas de impuestos. Todo impuesto ha de ir a una administración pública, que luego puede usar lo recaudado para atender programas de gasto específicos. Con otras figuras se puede tomar un atajo.

Por último, por la vía de la regulación el sector público puede llevar a cabo actuaciones con efectos similares a los ocasionados por los impuestos. Por ejemplo, la afección de un inmueble a fines culturales limita de facto su precio de mercado, como podría ocurrir (en cuanto al resultado final) si una parte de los ingresos por una transacción libre se detrajera mediante una exacción impositiva.

3. Una aproximación al tratamiento fiscal del sector cultural

3.1. Enfoque normativo: ¿cuál debe ser el tratamiento fiscal?

Una vez que hemos intentado acotar el terreno que pisamos —en el que, como hemos insinuado, no faltan las arenas movedizas—, antes de adentrarnos en los dominios del sistema tributario deberíamos perfilar la forma en la que éste debe tratar al sector cultural. Nos situamos así en el campo del enfoque normativo, el espacio propicio para exponer los principios y criterios que deben presidir el tratamiento impositivo de las actividades culturales.

Para esta tarea básica, incardinada en el diseño del sistema impositivo, los hacendistas recurren a un examen exhaustivo de los cánones o principios de la imposición. Son cuatro los grandes planos a considerar: justicia, economía, aplicación práctica y sostenibilidad de las finanzas públicas. En torno a estos se articulan una veintena de principios que son de bastante ayuda para levantar el complejo edificio del sistema tributario o para enjuiciar alguno que esté ya habitado. Pues bien, en ninguno de ellos encontramos alguna pista clara que nos ilumine en nuestra incursión. A un sistema impositivo se le pide, en esencia, que reparta la carga tributaria con justicia, que auxilie en la vertiente económica (no introduciendo demasiadas distorsiones, contribuyendo a corregir los desequilibrios económicos y promoviendo el desarrollo), que se pueda aplicar eficazmente y, por supuesto, que garantice unas finanzas públicas sostenibles.

El panorama no parece a simple vista demasiado prometedor para la causa cultural. Quizás la consideración de la cultura como uno de los ingredientes del desarrollo económico puede servir de apoyo, en el marco del principio orientado a su promoción, para la introducción de estímulos fiscales. Por otra parte, también en el territorio de la eficiencia económica encuentran justificación los incentivos para las actividades culturales. La teoría económica otorga un respaldo a la corrección de los precios del mercado a fin de penalizar algunas actividades que generan perjuicios a terceros y de primar otras que originan beneficios para el conjunto de la sociedad. Así, la existencia de efectos externos positivos asociados a las actividades culturales puede llegar a justificar plenamente la adopción de medidas para fomentarlas. Se trata de un caso típico de fallo del mercado. Si se deja actuar libremente a éste, da lugar a una cantidad de actividad cultural inferior a la que resultaría óptima desde un punto de vista social. La razón es sencilla: quienes adoptan las decisiones no tienen en cuenta los beneficios que se derivan para otras personas; por eso, puede ser oportuno corregir el precio del mercado, disminuyéndolo, para que se expanda la cantidad de actividad cultural.

El anterior es el sitio natural para ubicar la discusión acerca de si los servicios culturales deben tener algún tratamiento preferente en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que, como es bien sabido, pretende gravar, con carácter general, el conjunto de los bienes y servicios consumidos por las familias.

Antes de ello, no está de más recordar que si bien el IVA es un impuesto que recae formalmente (desde un punto de vista legal) sobre los consumidores, puede en la práctica ser soportado, total o parcialmente, por los oferentes del mercado cultural. Lo anterior puede ocurrir si no tienen capacidad efectiva de elevar los precios sin que la demanda se resienta.

Hay numerosos economistas que consideran que no debe existir ningún tipo de “excepción cultural” y abogan, como se hace en uno de los comentarios incluidos en el influyente Informe Mirrlees, por someter todos los bienes y servicios al mismo tratamiento en el ámbito de la imposición sobre el consumo. Otros informes advierten de que la aplicación de tipos reducidos a los bienes y servicios culturales tiene efectos distributivos negativos al favorecer relativamente más a las familias con mayores ingresos. Aunque, por supuesto, sobraría todo el debate si, como proclaman algunos significados literatos —haciendo gala de una aparente omnisciencia—, se considera que es una especie de aberración sacrílega introducir el concepto de consumo en el mundo de la cultura. El planteamiento es sumamente sugerente, pero, para poder afrontarlo adecuadamente, necesitaríamos aventurarnos por algunos laberintos filosóficos.

3.2. Enfoque positivo: ¿cuál es el tratamiento fiscal?

Si pasamos del terreno normativo, referente a lo que debe ser, al positivo, relativo a lo que es, pueden adoptarse dos perspectivas para tratar de reflejar el tratamiento impositivo del sector cultural. En primer lugar, podemos hacer un repaso de las principales figuras impositivas con objeto de identificar si existe alguna regulación especial para las actividades culturales. A continuación se reseñan algunos aspectos significativos en relación con el sistema impositivo español.

En el IRPF, que grava los rendimientos obtenidos por las personas físicas, no hay particularidades significativas respecto a las actividades culturales, salvo las que conciernen a la exención de premios literarios, artísticos y científicos que reúnan los requisitos tasados. De otro lado, no tiene la consideración de retribución en especie la utilización de bienes destinados a servicios culturales (por ejemplo, el uso de salas de lectura) del personal empleado por las empresas.

Los rendimientos de algunas de las actividades culturales, por sus rasgos singulares, pueden presentar un carácter ambiguo, lo que hace necesario recurrir a la legislación para su calificación a efectos fiscales. Así, por ejemplo, las retribuciones obtenidas por la impartición de cursos y conferencias pueden ser rendimientos del trabajo o de actividades económicas. Responden, en principio, a la primera calificación, siempre que no exista una ordenación por cuenta propia de los medios de producción y/o de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En tal caso nos encontraríamos ante rendimientos de actividades económicas.

Algo parecido sucede con respecto a los rendimientos procedentes de la elaboración de obras literarias y artísticas. Se trata de rendimientos del trabajo cuando el autor cede al editor los derechos de explotación y no existe la referida ordenación por cuenta propia de los medios de producción o de recursos humanos.

Por último, en el apartado de desgravaciones se prevé una deducción en la cuota por actuaciones para la protección y difusión del patrimonio histórico español y del patrimonio mundial.

También existen algunas particularidades en el Impuesto sobre el Patrimonio. Así, quedan exentos los bienes integrantes del patrimonio histórico español, así como los objetos de arte y antigüedades que no superen el umbral de valor dinerario señalado por la legislación.

En el Impuesto sobre Sociedades, las principales referencias a las actividades culturales las encontramos en la aplicación de diversas medidas de estímulo: i) a la exportación de producciones cinematográficas y de libros; ii) a la inversión en la edición de libros y producciones cinematográficas y audiovisuales, y iii) a la inversión en actuaciones para la protección y difusión del patrimonio histórico.

Por lo que concierne al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ciertas adquisiciones por vía de herencia o de donación de bienes integrantes del patrimonio histórico pueden quedar exoneradas de tributación en un 95%, siempre que se cumplan los requisitos estipulados.

En el IVA gozan de exención las prestaciones de algunos servicios (bibliotecas, museos, representaciones teatrales, musicales y otras, exposiciones y manifestaciones similares) efectuadas por establecimientos culturales privados de carácter social (sin fines lucrativos). Por otro lado, actualmente el tipo de gravamen reducido (10%) sólo se aplica a la entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, y a las visitas a museos, galerías de arte y pinacotecas. El resto de actividades gravadas está sujeto al tipo general (21%).

También en otros impuestos (IBI, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) se prevén algunas limitadas excepciones tributarias.

Los bienes integrantes del patrimonio histórico español no sólo son objeto de un tratamiento especial, sino que también pueden ser empleados para hacer frente a las deudas tributarias mediante su entrega a la Administración acreedora.

Una segunda perspectiva puede consistir en ver cómo interviene la imposición en las distintas fases del proceso de producción, distribución y consumo cultural, lo que nos llevaría a hacer un recorrido pormenorizado. A este respecto cabe destacar el papel crucial que para el sector cultural tiene el régimen aplicable a las entidades sin fines lucrativos, que se benefician de un tratamiento preferente en las distintas figuras impositivas, así como el de los incentivos fiscales al mecenazgo, que permita canalizar importantes recursos de particulares y empresas hacia fines culturales.

El otorgamiento de algunas ventajas fiscales es, pues, el eje fundamental de la política impositiva concerniente al sector cultural. Toda excepción respecto a una norma de referencia (no siempre fácil de precisar) se considera que constituye un beneficio fiscal o, lo que es lo mismo, un gasto fiscal. A través de éstos el Estado renuncia a una parte de la recaudación porque, supuestamente, compensa desde el punto de vista social. Para comprobarlo sería preciso realizar una evaluación a partir del cómputo de los costes y los beneficios en cada caso concreto, sin que, probablemente, resulte fácil llegar a un consenso.

4. Consideraciones finales: ¿es posible un arte de la imposición?

Jean-Baptiste Colbert, que fue ministro de hacienda de Luis XIV, llegó a afirmar que “El arte de la imposición consiste en desplumar el ganso, con objeto de obtener el mayor número posible de plumas con los menos gritos posibles”. Los cambios sociales acaecidos desde el siglo XVII hacen que, afortunadamente, esa manifestación artística así concebida esté totalmente superada. El arte de la imposición en una sociedad democrática avanzada es algo bastante más complejo y se dan mejores condiciones para que los “desplumadores tributarios” puedan, si no se logra la aceptación social (principio impositivo de factibilidad), llegar a ser desplumados.

Muchas cosas han cambiado, sí, pero no parece que los artistas impositivos contemporáneos tengan un brillante porvenir ni expectativas de lograr la aclamación en el mundo del arte y la cultura, a menos que practiquen alguna suerte de nihilismo tributario. Como ya anticipó sabiamente Edmund Burke, “establecer impuestos y agradar no está al alcance de los hombres” (tampoco de las mujeres). Si alguna vez alguien lo lograra, en verdad sería algo más que un (una) artista. En el terreno de la tributación, tal vez haya menores riesgos de que la realidad acabe superando a la ficción.

Cultura e impuestos
José M. Domínguez Martínez
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga

Facebooktwitterby feather